Paquete Económico 2026: continuidad, ajustes y una nueva etapa de política industrial

El Gobierno de México presentó ante el Congreso el Paquete Económico 2026, un documento que define la ruta fiscal y económica del próximo año y que marca, más que un giro, una consolidación de la estrategia de gasto expansivo con mayor control fiscal. Su aprobación será determinante para entender hacia dónde se dirige la economía mexicana en un entorno de tensiones comerciales y reconfiguración global de cadenas productivas.

1. Un marco de continuidad prudente

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta un crecimiento del 2.3 % del PIB, con una inflación controlada y un precio promedio del petróleo de 54.9 USD por barril. Aunque no se plantea una reforma fiscal profunda, el Gobierno propone un aumento moderado de ingresos, principalmente a través de una recaudación más eficiente y del combate a la evasión.

El gasto público propuesto asciende a 10.19 billones de pesos, con prioridades en programas sociales, salud, educación, infraestructura y apoyo a Pemex. En paralelo, el déficit público se mantiene en torno al 4.1 % del PIB, lo que sugiere un equilibrio entre continuidad social y estabilidad macroeconómica.

2. La Miscelánea Fiscal: más fiscalización, no más impuestos

El componente fiscal incluye ajustes que impactarán directamente en la vida cotidiana de las personas.

• La retención de ISR sobre intereses bancarios subiría de 0.50 % a 0.90 %, reduciendo el rendimiento neto de los ahorros.

• Quienes venden productos o servicios por plataformas digitales enfrentarán una retención de 2.5 % (antes 1 %), lo que afectará el flujo de efectivo mensual.

• Se propone un nuevo IEPS de 8 % a videojuegos violentos, además de incrementos en tabaco, bebidas saborizadas y apuestas.

Estas medidas no constituyen una nueva carga fiscal masiva, pero sí implican mayor vigilancia y control tributario, con un SAT cada vez más digitalizado y conectado con aduanas y plataformas.

3. El giro arancelario: autos chinos en la mira

El punto más visible —y polémico— del paquete es la propuesta de elevar los aranceles de 20 % a 50 % a los autos importados desde China y otros países sin tratado comercial con México. La medida, aún pendiente de aprobación legislativa, busca proteger a la industria nacional ante lo que el gobierno considera prácticas de subvaluación (“dumping”) por parte de fabricantes asiáticos.

De aprobarse, el efecto sería inmediato: incrementos de entre 20 % y 30 % en el precio de vehículos de origen chino, posible salida de marcas pequeñas y una redistribución del mercado hacia fabricantes con producción en Norteamérica bajo el amparo del T-MEC. Sin embargo, también se anticipan tensiones diplomáticas y el riesgo de contramedidas por parte de China.

4. Un 2026 de ajustes y oportunidades

Para los consumidores, el Paquete 2026 significa ajustar presupuestos frente a aumentos selectivos en precios y retenciones. Para las empresas, especialmente las vinculadas al comercio exterior, representa un escenario de mayor supervisión y necesidad de cumplimiento riguroso.

En un plano más amplio, México parece apostar por una nueva política industrial defensiva, intentando equilibrar competitividad interna con estabilidad fiscal. Si se gestiona con visión estratégica y acompañada de incentivos a la innovación y la inversión, esta etapa podría marcar un punto de inflexión hacia una economía más sólida y autosuficiente.